Se han abierto todo tipo de especulaciones políticas sobre el sorpresivo anuncio que realizó el presidente de Rusia Vladimir Putin, el cual provocó la renuncia del primer ministro Dmitri Medvédev y su reemplazo por Mikhail Mishustin, quien se desempeñaba como titular del Servicio Federal de Impuestos.
Al margen de los objetivos que habrían llevado a Putin a revolucionar el sistema político e institucional de su país, detrás de los anuncios estaría el desarrollo estratégico nacional a través de la expansión de la petrolera Rosneft hacia la región del Ártico, que cuenta con alrededor del 25% de las reservas mundiales de petróleo y gas natural.
El Ártico podría aumentar las reservas rusas de petróleo conocidas en otra mitad de los 29.700 millones de toneladas que produce actualmente, teniendo en cuenta la exigencia y la antigüedad de los pozos convencionales del país.
Vostok Oil es una empresa conjunta entre Rosneft (controlada en un 51% por el Estado ruso y participada por British Petroleum y el Fondo Soberano de Qatar), y la compañía privada ruso Neftegazholding (NGH), dirigida por el ex ejecutivo de Rosneft, Eduard Khudainatov.
A principios del año pasado el CEO de Rosneft, Igor Sechin, le había presentado al presidente Putin un audaz plan estratégico de producción petrolera en el Ártico que podría alcanzar una producción estimada en 2 millones de barriles por día.
Pero ello sólo podría lograrse, según Sechin, con una millonaria exención impositiva que debería alcanzar los 40.000 millones de dólares en recortes fiscales, especialmente en el impuesto a la extracción de minerales y en el impuesto a la renta.
La estrategia de la reducción de impuestos para el desarrollo del proyecto encarado entre Rosneft y Neftegazholding tiene como objetivo atraer inversores extranjeros que provean alta tecnología. En este sentido, compañías de la India ya demostraron su interés en participar del proyecto y llegaron a ofertar por un 15% del capital accionario de Vostok Oil.
Cabe destacar que a fines del año pasado la firma india de refinación Nayara Energy utilizó a Rosneft como intermediario para adquirir petróleo venezolano, pagando esas operaciones con combustible en lugar de efectivo para evitar violar las sanciones de Estados Unidos.
El propio Sechin viajó el pasado mes de octubre a China para presentar personalmente a la cúpula del gobierno oriental el proyecto Vostok Oil, oportunidad en la que se explayó sobre las posibilidades estratégicas del mismo a través del otorgamiento de concesiones a treinta años con cuantiosos beneficios impositivos para su desarrollo.
Asimismo, analistas del sector energético del J.P. Morgan afirmaron que el proyecto Vostok Oil JV de Rosneft puede ser el más grande de todo el mundo, con la posibilidad de extraer “dos millones de barriles al día y necesitar una inversión de 140.000 millones de dólares”.
Por su parte, la agencia oficial de noticias rusa Sputnik ha destacado en varias oportunidades que la Ruta Marítima del Norte que pasa frente a las costas de Rusia en aguas del Océano Glacial Ártico es la ruta de navegación más corta entre Europa y Asia-Pacífico y constituye una importante alternativa a otras vías que conectan esas regiones.
Desde 2011 Exxon Mobil tenía un acuerdo con Rosneft para perforar en las aguas del Ártico ruso. En 2017 Exxon recibió una multa de 2 millones de dólares por realizar contratos con la estatal Rosneft después de que el presidente Barack Obama emitió sanciones contra Rusia por anexarse en 2014 la región de Crimea en Ucrania.
A pesar de que Rosneft no fue agregado a la lista de sanciones de los Estados Unidos, los contratos fueron firmados por el director ejecutivo de la compañía, Igor Sechin, quien sí fue sancionado.
Días pasados, en un sorpresivo fallo la jueza del Distrito Norte de Texas anuló la multa que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso al gigante petrolero.
Según el fallo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no había informado a ExxonMobil de cómo ésta interpreta las sanciones, configurando una violación a las garantías procesales establecidas en la Quinta Enmienda.
El caso Magnitsky
Serguei Magnitsky, un contador y auditor ruso de 37 años que representaba en su país los intereses de Hermitage Capital Management (HCM), un fondo de inversión estadounidense fundado y dirigido por el financista británico-estadounidense Bill Browder, fue arrestado el 24 de noviembre de 2008 acusado de fraude fiscal. Casi un año después moriría en una cárcel de Rusia por las torturas recibidas por sus custodios.
Condenado post mortem en 2013, sin haber sido enjuiciado de manera imparcial durante su detención a lo largo de 358 días, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en agosto de año pasado que Rusia violó “el derecho a la vida” de Magnitsky. Browder, por su parte, había sido condenado en ausencia a nueve años de prisión.
La investigación de los supuestos delitos financieros cometidos por Magnitsky y Browder se basó principalmente en las pesquisas realizadas en el ámbito de la oficina federal de impuestos, dirigida desde abril de 2010 por el flamante primer ministro, Mikhail Mishustin.
Previamente en 2008, Mishustin pasó a presidir el holding UFG, una de las mayores compañías que operan en Rusia en el campo de la gestión de activos, la inversión directa y los fondos de inversión colectiva junto con Deutsche Bank.
En 2012, durante la administración de Barack Obama, Estados Unidos aprobó la llamada Global Magnitsky Human Rights Accountability, legislación que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Desde abril 2016 comenzó a aplicarse globalmente, autorizando a los gobiernos a sancionar a los infractores de los derechos humanos en Rusia, congelar sus activos extranjeros y prohibirles ingresar al país firmante.
En diciembre pasado la Unión Europea anunció su intención de lograr una legislación para sancionar más rápidamente las violaciones graves de los derechos humanos en el mundo siguiendo el modelo de la Magnitsky Act aprobada por el parlamento norteamericano.
Resta preguntarse si el avance de Rusia sobre el Ártico a través de Rosneft será una prenda de negociación con los Estados Unidos sobre los intereses políticos y comerciales que ambos países mantienen sobre Venezuela. En pocos días el vencimiento del bono PDVSA 2020, que podría definir la propiedad de la petrolera Citgo, daría la respuesta a este interrogante.
