No sería extraño que por estos días la prensa inglesa, siempre mordaz e irónica, escriba que a finales de la segunda década del siglo XXI irrumpió en la escena política británica una nueva Dama de Hierro, aunque en esta oportunidad, a diferencia de Margaret Thatcher que gobernó entre los años 1979 y 1990, la figura emergente se llama Brenda Marjorie Hale, la primera mujer que llegó a ocupar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y quien le acaba de asestar un durísimo golpe político al premier Boris Johnson tras declarar la ilegalidad del cierre del parlamento.
Lady Hale, nombrada en septiembre de 2017 al frente del máximo tribunal, leyó ante el plenario de los 11 jueces que conforman el organismo colegiado británico una frase que pasará a formar parte de la historia constitucional inglesa. “La primera pregunta es si la legalidad del consejo del Primer Ministro a Su Majestad es justiciable. Este Tribunal sostiene que sí lo es. Los tribunales han ejercido durante siglos una jurisdicción de supervisión sobre la legalidad de los actos del Gobierno.”
Finalmente, de manera clara y contundente, la magistrada más famosa de Inglaterra expresó que “este Tribunal ya ha concluido que el consejo del Primer Ministro a Su Majestad fue ilegal, nulo y sin efecto. Esto significa que la Orden en Consejo a la que se dirigía también era ilegal, nula y sin efecto y debía ser anulada.”
Nacida en 1945 en la ciudad de Leeds, Lady Hale egresó de la universidad de Cambridge en el año 1966, en plena euforia de la beatlemanía. Desde entonces y hasta 1984 se dedicó a la enseñanza del Derecho de Familia aplicado a la regulación de las políticas sociales, en simultáneo a la ortodoxia neoliberal que caracterizó a la administración de la entonces primer ministra Margaret Thatcher.
Sus trabajos académicos sirvieron de inspiración para la sanción de importantes normas como la Children Act de 1989, la Family Law Act de 1996 y la Mental Capacity Law de 2005.
Hale inició la carrera judicial en el año 1994 durante la gestión del primer ministro conservador John Major, siendo promovida cinco años después durante el mandato del líder laborista Tony Blair.
Fue otro premier laborista, Gordon Brown, quien la nominó para la Corte Suprema, convirtiéndose entonces en la primera mujer que llegó al máximo tribunal de justicia de Gran Bretaña.
En 2013 escaló a la vicepresidencia del cuerpo colegiado a propuesta del líder conservador David Camerón, y finalmente en septiembre de 2017 la entonces primer ministra conservadora Theresa May designó a Brenda Marjorie Hale, en esos momentos de 72 años, como presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
La vida de Lady Hale se transformó a los 13 años cuando se produjo la muerte súbita de su padre mientras cursaba sus estudios en la Richmond High School for Girls. Egresada del Girton College de la universidad de Cambridge y con seis doctorados honorarios en su haber, Hale es madre de una hija de su primer matrimonio. Actualmente está casada Julian Ferrand, un ex profesor de derecho de la universidad de Manchester.
Habrá que esperar la reacción política del gobierno encabezado por Boris Johnson frente a la decisión de la Corte Suprema, y en su caso, se verá si se llega a un conflicto de poderes. No sería la primera vez en la historia más o menos reciente que un líder político se enfrenta a los tribunales de justicia en discordancia con su interpretación acerca de la legalidad de los actos de gobierno. No son pocos los políticos británicos que esperan que, habiendo cumplido los 75 años en enero próximo, Lady Hale opte por su jubilación.
Durante su presidencia el mandatario demócrata norteamericano Franklin Roosevelt mantuvo fuertes disputas con la Corte Suprema de Justicia, acusándola públicamente de bastardear su programa de reformas económicas y sociales incluidas en el famoso “New Deal” a través de una errónea aplicación referida a la interpretación de la normativa constitucional.
En su discurso radial difundido el 9 de marzo de 1937, Roosevelt expresó que “nuestra dificultad con la Corte hoy no surge de la Corte como institución sino de los seres humanos dentro de ella. Pero no podemos ceder nuestro destino constitucional al juicio personal de unos pocos hombres que, temiendo el futuro, nos negarían los medios necesarios para lidiar con el presente. Este plan mío no es un ataque a la Corte; busca restaurar la Corte a su lugar legítimo e histórico en nuestro gobierno constitucional y hacer que reanude su alta tarea de construir nuevamente sobre la Constitución un sistema de derecho vivo”.
William H. Rehnquist, un abogado de tendencia conservadora nombrado en 1986 como titular de la Corte por el presidente republicano Ronald Reagan, afirmó que “el establecimiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos como tribunal constitucional con la autoridad de aplicar las disposiciones de la Constitución -incluyendo las garantías de libertad individual- es la contribución más importante y única que Estados Unidos ha dado al arte de gobernar”.
A lo largo de la historia hubo varios casos de importantes figuras políticas que llegaron a ocupar un lugar en el máximo tribunal de justicia. Tal el caso del ex gobernador de Ohio Salmon P. Chase, designado presidente de la Corte por Abraham Lincoln en 1863. Charles Evans Hughes era gobernador de Nueva York en 1910 cuando fue nominado por el presidente William Howard Taft. A su vez en 1921 el titular del Poder Ejecutivo Warren G. Harding nombró al ex presidente Taft como presidente del Tribunal Supremo.
En 1937 el mandatario demócrata Franklin D. Roosevelt propuso al senador de Alabama Hugo L. Black, y posteriormente ocurrió lo mismo con el gobernador de Michigan. Frank Murphy. En 1954 el presidente Dwight Eisenhower designó como titular de la Corte Suprema al gobernador de California Earl Warren, quien una década después encabezaría la comisión investigadora del asesinato de John F. Kennedy.
Todos estos avatares judiciales deberían tenerse en cuenta para el eventual nuevo orden político que podría instaurarse en la Argentina a partir del próximo 10 de diciembre, considerando el trascendente rol que le espera al Poder Judicial en los tiempos difíciles que enfrentará nuestro país.
Con profundo realismo el gran escritor español Francisco Quevedo lo sintetizó a la perfección en el siglo XVII. “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.
