Fueron en su momento los jueces penales más famosos y más cuestionados de España y de Brasil. Los candidatos a funcionarios ideales que todo mandatario nombraría en su equipo para desarrollar un ambicioso programa de lucha contra la corrupción. Pero la esperanza de un cambio en favor de la transparencia en la administración pública duró poco tiempo. Baltazar Garzón y Sergio Moro renunciaron a sus cargos políticos intempestivamente, marcando fuertes diferencias con los líderes de los gobiernos que los habían designado.
De paladines en la lucha contra la corrupción, los dos jueces terminaron siendo acusados de llevar adelante maniobras ilegales en el marco de numerosas investigaciones penales que encabezaron en sus respectivos países. Chesterton escribió que entrar en el mundo de la acción es entrar en el mundo de los límites. Y ambos magistrados los cruzaron (tal vez sin dolo y sin culpa) en su afán de marcárselos a los políticos que también los cruzaban (tal vez con dolo y con culpa).
Baltasar Garzón comenzó su carrera judicial en 1981 con solo 26 años, y siete años después escaló en la magistratura hasta convertirse en el juez penal más famoso de España como titular del Tribunal Central N° 5 de la Audiencia Nacional. Abogado por la Universidad de Sevilla dedicó sus primeros años de la judicatura a la investigación de importantes casos de narcotráfico que le forjaron una figura de incorruptible.
En mayo de 1993 a instancias de Felipe González, por entonces presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista Obrero (PSOE), el magistrado se presentó como candidato parlamentario y obtuvo la banca para diputado por la ciudad de Madrid.
En julio de ese mismo año Felipe González lo designó como Secretario Delegado del Gobierno en materia de Lucha contra el Narcotráfico. El mandatario socialista que gobernaba el país desde 1982 también le asignó a Garzón, que había solicitado licencia como juez penal, la representación del país frente a los principales organismos internacionales en asuntos vinculados al combate contra las drogas.
A sólo un año de haber desembarcado en la arena política, y después de fuertes disputas internas con otros miembros del gabinete y la cúpula del PSOE, Garzón volvió a los tribunales como titular del tribunal de Instrucción 5 de Madrid. Además de no compartir la estrategia del gobierno en la lucha contra la corrupción el díscolo magistrado mantuvo constantes enfrentamientos con el ministro Juan Alberto Belloch, por entonces a cargo de las fusionadas carteras de Interior y Justicia.
Desde los inicios de su carrera judicial Garzón llevó adelante numerosas investigaciones sobre las actividades delictivas de la tristemente célebre organización GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). También dirigió importantes procesos que llevaron a la cárcel a las principales figuras de la organización separatista ETA.
El 16 de octubre de 1998 Garzón firmó la orden de detención del ex presidente de Chile, Augusto Pinochet, quien se encontraba bajo tratamiento médico en la ciudad de Londres, a efectos de su extradición a España. El de Pinochet fue el primer caso encuadrado bajo el principio de la jurisdicción internacional que se aplicaba a un ex mandatario político.
El ex dictador de Chile estuvo año y medio bajo arresto en Londres hasta que el entonces canciller británico, Jack Straw, decidió no autorizar la extradición por motivos de salud del entonces senador vitalicio chileno.
Tras la liberación de Pinochet luego de 16 meses de detención, Garzón afirmó que había fracasado la política, sosteniendo que “la Justicia en este caso hizo lo que debía en la aplicación del principio de la jurisdicción universal en defensa de las víctimas, y de hecho el proceso de extradición en Londres continuó y se ganó”.
Posteriormente, entre los años 2005 y 2006, Garzón se dirigió a los Estados Unidos donde obtuvo el cargo de Titular de la Cátedra “Cultura y Civilización Española” en el King Juan Carlos I of Spain Center de la Universidad de New York (NYU).
El magistrado también metió sus narices en el gobierno del generalísimo Francisco Franco. En 2008 se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo, y acordó la exhumación de 19 fosas de supuestas víctimas de esa época.
La carrera judicial de Garzón llegó a su fin en febrero de 2012 tras ser destituido en forma unánime por el Tribunal Supremo bajo los cargos de prevaricación y escuchas ilegales, realizadas en el marco de su instrucción del llamado Caso Gürtel. Esta investigación había comenzado en noviembre de 2009 tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular.
La condena del Tribunal Supremo a Baltasar Garzón fue de “11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta”. La resolución fue ratificada por el pleno del Consejo General del Poder Judicial el 23 de febrero de 2012 con el apoyo de 20 de sus 21 miembros.
Tras su expulsión del Poder Judicial Garzón desarrolló una intensa actividad como abogado independiente, además de participar en centros de estudios académicos en varios países, en especial de América Latina. Se desempeñó también como asesor especial del Tribunal Internacional de La Haya.
En la profesión independiente se ha dedicado a defender al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en tanto que rechazó la representación legal de Edward Snowden, ex espía arrepentido de la National Security Agency (NSA), exiliado en Rusia desde 2013. Asimismo, fue contratado por importantes ex funcionarios del chavismo y de empresarios bolivarianos acusados de lavado de dinero de la corrupción.
El “Lava jato” entre las garras de un hacker y la FCPA
Sergio Moro se graduó como abogado en 1995. Al año siguiente fue designado por concurso como juez del fuero previsional en la ciudad de Curitiba. En 1998 realizó en la universidad de Harvard un curso de especialización en delitos financieros. En 2013, a los 39 años, alcanzó su ascenso definitivo en la magistratura cuando fue designado como juez federal de la Sala 13ª. de los tribunales penales de Curitiba.
En el marco de la mayor investigación judicial de la historia Brasil, Moro revolucionó el sistema político brasileño dictando el procesamiento y las prisiones preventivas de los más poderosos empresarios y líderes políticos del país.
La mega instrucción criminal iniciada por Moro en 2014 sobre maniobras ilegales de la empresa Petrobras adquirió su máximo desarrollo a partir de marzo de 2015 cuando la Corte Suprema brasileña autorizó el interrogatorio de 12 senadores y 22 diputados.
Sus pesquisas forzaron la destitución de Dilma Roussef en 2016, y la condena al ex presidente Lula Da Silva en 2017, tras un proceso de impeachment parlamentario de ocho meses de duración. Pocos meses después sería condenado a 19 años de prisión el empresario Marcelo Odebrecht.
El 7 de marzo pasado el juez de la Corte Suprema Edson Fachin anuló las sentencias dictadas contra Lula en tres procesos por corrupción y lavado de dinero. Esta resolución habilitaría nuevamente al líder del PT a participar en la competencia política tras haber pasado 580 días en prisión.
La investigación en torno al Lava Jato estuvo cruzada por la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Esta norma había sido sancionada en 1977 durante la administración del presidente demócrata Jimmy Carter.
En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Security Exchange Comission (SEC) anunciaron multas por más de 3.600 millones de dólares en contra de las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem. Fueron acusadas por infringir las normas anticorrupción contenidas en la FCPA en 12 países (en el caso de Odebrecht) y en Brasil (en el caso de Braskem).
A fines del año pasado decenas de conversaciones mantenidas a través de chats y mails entre el entonces juez Moro y varios fiscales fueron filtradas a la prensa. La difusión de los mensajes que contenían la planificación de estrategias supuestamente ilegales para encarcelar a Lula y a otros acusados las realizó un hacker llamado Walter Delgatti. Este estudiante de abogacía había sido encarcelado por difundir ilegalmente miles de conversaciones de importantes figuras públicas obtenidas ilegalmente en la plataforma Telegram.
El impacto de la filtración selló la suerte de Moro que se desempeñaba como ministro de Justicia de Jair Bolsonaro desde enero de 2019. En abril del año pasado el ex juez presentó su renuncia por su desacuerdo con el presidente en el reemplazo del director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo.
Las fallidas experiencias de Garzón y Moro en el desempeño de cargos ejecutivos de gobierno adquieren actualidad en estos días con la designación de Merrick Garland como Secretario de Justicia de los Estados Unidos por parte del presidente Joe Biden.
Con una larga carrera judicial como fiscal federal (investigó el atentado terrorista de Oklahoma en 1995 y el caso Unabomber), Garland venía desempeñándose como juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. En tal carácter fue el redactor del trascendente fallo que en 2015 confirmó la constitucionalidad de una ley que prohíbe a los contratistas del gobierno federal hacer contribuciones a partidos o candidatos políticos para las elecciones federales.
Ni más ni menos que un límite legal al financiamiento ilegal de la política. Un virus que Garzón y Moro no pudieron detener al amparo de la ley, y que avanza sin tregua en todo el mundo afectando gravemente la transparencia de los sistemas políticos democráticos.
