La Teoría de los Juegos es una rama de la economía dedicada al estudio del comportamiento de los individuos y a la racionalidad de sus decisiones en contextos en los que las elecciones de cada uno afectan al resultado obtenido por todos.
El Dilema del Prisionero constituye el modelo teórico más famoso y conocido de la Teoría de los Juegos. A través del mismo se presenta una situación de conflicto, derivada de la comisión de un delito, entre los intereses individuales y el resultado colectivo.
Una hipótesis práctica puede presentar a dos delincuentes que son capturados luego de robar un establecimiento comercial. El fiscal sabe que ambos son culpables pero necesita la confesión de uno de ellos para encarcelarlos por dicho delito.
Así las cosas, el fiscal le formula (en forma separada) un ofrecimiento a cada uno de los ladrones, consistente en que, si confiesa, obtendrá una pena benigna, y todo el rigor por la comisión del robo caerá en el otro delincuente. Si decidiera no confesar, podría aplicársele una pena por posesión de armas al no haber una declaración incriminatoria sobre el hecho puntual del robo.
El fiscal del caso visita a uno de los prisioneros y le dice: "Tengo una buena noticia y una mala noticia para usted. La buena noticia es que si ninguno de ustedes confiesa su grave delito, sólo podría ser condenado a dos años por la comisión del mismo. Y si usted decidiera confesar, yo convenceré al jurado de que es un hombre arrepentido, no así su compañero, de modo que usted quedaría libre en un año y él permanecería en prisión 10 años. La mala noticia es que voy a hacerle la misma oferta a su compañero".
Surge entonces la pregunta lógica del prisionero: "Y qué ocurriría si ambos confesáramos?". "Entonces no tendré razón para beneficiar a ninguno de ustedes, dejaré que el proceso continúe y, como el delito es grave, serían condenados a no menos de 8 años", contesta el fiscal.
A partir de esta conceptualización podríamos preguntarnos si el llamado Dilema del Prisionero puede aplicarse al caso Odebrecht. En primer lugar hay que distinguir entre la responsabilidad individual de quienes confesaron la comisión de delitos y se acogieron a la figura de la “delación premiada”, reconocida por la legislación brasileña. Y por otro lado, aparece el concepto de “leniencia” que apunta la responsabilidad penal de la empresa como autora de los hechos ilícitos.
La "delación premiada" es un acuerdo alcanzado por un acusado o condenado en un proceso penal por la comisión de un delito, y el Estado -a través del Ministerio Fiscal- en el que, a cambio de la confesión o la prestación de información relevante, se ofrecen determinados beneficios al presunto delincuente, que pueden consistir en la rebaja de la pena, o incluso su remisión total en los casos de colaboración especialmente importante. También puede retirarse la acusación, con el consiguiente sobreseimiento de la causa, o, previamente, en la decisión de no acusar al delator.
El corazón de la “leniencia”, por su parte, está contemplado en el demorado proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria que la OCDE viene reclamando al gobierno Argentino. El organismo sostuvo que a pesar de las mejoras en la lucha contra la corrupción desde diciembre de 2015, el parlamento “debe promulgar con urgencia el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y cumplir así con la Convención para combatir el Cohecho”.
A mediados de mayo el juez de Curitiba, Sergio Moro, aprobó el acuerdo de leniencia que había sido acordado entre la empresa constructora y los procuradores del Ministerio Público brasileño en diciembre del año pasado. A través del mismo Odebrecht mantiene la posibilidad de seguir contratando con el Estado, y también se le otorga la autorización para levantar sus embargos en las instituciones financieras.
El magistrado Raymond J. Dearie del Distrito Este de Nueva York, (que también investiga el caso de las coimas de la FIFA), aplicó en abril una multa de 2.600 millones de dólares a Odebrecht por utilizar el sistema bancario norteamericano para mover el dinero de los sobornos que pagó para conseguir contratos de obras públicas en varios países. Es la penalización más alta que la justicia federal estadounidense impuso por un caso extranjero de sobornos. El monto se repartirá entre Estados Unidos, Brasil y Suiza, donde se realizan las investigaciones de Odebrecht. Brasil recibirá 2.399 millones, Suiza, 116 millones y Estados Unidos, 93 millones de dólares.
De acuerdo a estudios realizados por académicos brasileños, los cálculos sobre los costos financieros, económicos y sociales del Lava Jato equivaldrían a un 12 por ciento del Producto Bruto Interno de Brasil, considerando que están involucrados entre 400 y 500 mil empleos a través de las participaciones empresarias que involucran a las principales 20 firmas constructoras del país con sus correspondientes contratistas y subcontratistas que rondarían las 20 mil empresas.
Sumados a los costos económicos del Lava Jato, se estima que alrededor de 200 políticos de los principales partidos de Brasil fueron acusados por los empresarios de haber recibido sobornos o ventajas indebidas a cambio de facilitar contratos con Petrobras. Entre ellos figuran los ex presidentes Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), y el actual jefe del Estado, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), además de varios miembros de su gabinete.
Las diferencias entre el Lava Jato y el Mani Pulite italiano, del que se cumplieron 25 años en febrero, son básicamente numéricas. En Italia fueron condenados cuatro ex primeros ministros, 438 políticos y 872 empresarios. Hubo 2.993 mandatos de prisión y 6.059 investigados. Once de los condenados se suicidaron, entre ellos, Gabriele Calhari, el presidente de la empresa estatal ENI (Ente Nacional de Hidrocarburos). Se mató también con un tiro en la cabeza Raúl Gardini, presidente de Montedison, principal compañía de la industria petroquímica.
En Argentina, a 5 años del comienzo de las investigaciones sobre los contratos de Odebrecht en el país, todavía no hay ningún ex funcionario que tenga un procesamiento firme sobre esos hechos. Menos aún que los respectivos sumarios hubiesen sido elevados a juicio oral y público.
Como dijo Umberto Eco, “la democracia también es tolerante en aceptar una dosis de injusticia para evitar nuevas injusticias.”
Cruzar el límite de la tolerancia convertiría en injusto al más justo de los sistemas políticos.
