A los 54 años el juez español Eloy Velasco Nuñez podría ser llamado el Baltasar Garzón del siglo XXI o el juez Moro de Europa. La cuestión es que este abogado nacido en Bilbao, y egresado de la Universidad jesuita de Deusto, tiene contra las cuerdas a importantes figuras del Partido Popular español. Entre los años 1988 y 1995 estuvo al frente de dos juzgados de Valencia, los que abandonó para ocupar la Dirección General de Justicia de la Generalitat Valenciana, dirigida por el representante del PP, Eduardo Zaplana. Fue separado de su cargo en 2003 y volvió a ocupar la magistratura penal.
Fue en el año 2008 cuando la figura de Velasco (quien dos años después obtendría su doctorado con una tesis sobre Ciberdelincuencia) adquirió renombre en toda España al ser designado como titular del Juzgado 6 de la Audiencia Nacional de Madrid. No le tembló el pulso para enviar a prisión al poderoso presidente la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán, a quien procesó por el vaciamiento del Grupo Marsans del cual era accionista mayoritario junto al fallecido empresario Gonzalo Pascual. En nuestro país Marsans fue el propietario de Aerolíneas Argentinas desde octubre de 2001 hasta su expropiación decretada por el ex presidente Nestor Kirchner en 2008.
Como titular del juzgado 6 Velasco también investigó las supuestas vinculaciones terroristas entre integrantes de la ETA y las FARC, hecho que le costó durísimas críticas por parte del entonces presidente venezolano Hugo Chávez. Pero fue con la detención de 51 dirigentes políticos y 6 alcaldes (4 de ellos del PP) en el marco de la llamada Operación Púnica, cuando el magistrado comenzó a sacudir los cimientos de la clase política española.
La mega investigación que llevó a prisión al entonces secretario del PP en Madrid, Francisco Granados, comenzó en Suiza con el rastreo de cuentas sospechadas de haber sido utilizadas para blanquear comisiones por obras y contratos por una suma de 250 millones de Euros. De acuerdo a un dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, las maniobras involucraban tanto a dirigentes del Partido Popular como a importantes figuras del Partido Socialista y de la Izquierda Unida. Las investigaciones, que alcanzaron a un centenar de personas, se extendieron a Murcia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Desde el pasado mes de abril el juez Velasco dirige la llamada Operación Lezo en la que busca demostrar varios casos de corrupción producidos en la administración del Canal de Isabel II (la empresa pública encargada de la gestión del agua en la Comunidad de Madrid) a través de la adquisición de empresas latinoamericanas pagando un precio superior al establecido por el mercado. Ya estaría acreditado que la compañía brasileña Emissao habría sido comprada en 2013 por 21,5 millones cuando su valor en 201 era de tan solo 5,1 millones.
El 19 de abril Velasco ordenó la detención de Ignacio Gonzalez, ex presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, a quien acusó por la comisión de numerosos delitos que llevaron a que su histórica líder política, Esperanza Aguirre, presentara su renuncia indeclinable a todas sus funciones públicas (concejal del PP y Portavoz del Partido en el Ayuntamiento de Madrid). Entre 1996 y 1999 Aguirre había sido ministra de Cultura y Educación durante el gobierno de José María Aznar; presidenta del Senado nacional y entre 2003 y 2012, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Resistido por gran parte de la clase política y varios fiscales, el juez Velasco puso en blanco sobre negro un asunto que sacude a gran parte de las democracias occidentales del siglo XXI: el financiamiento ilegal de los partidos políticos.
