Este año se cumplió un siglo del nacimiento del economista norteamericano James Tobin, mundialmente famoso por idear en 1971 el gravamen a las transacciones financieras denominado "Tasa Tobin" (o "Tasa Robin Hood" al decir de sus críticos), quien dos décadas después recibiera el Premio Nobel de Economía en los días que empezaba a gestarse la revolución neoconservadora implementada entre 1980 y 1988 por el presidente republicano Ronald Reagan.
Nacido en el estado de Illinois y egresado de la Universidad de Harvard en 1940, Tobin tuvo como profesores al legendario Joseph Schumpeter (ministro de Hacienda de Austria 1919-1920) y a Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía en 1973. Además fue compañero de estudios de Paul Samuelson, premiado por la Academia de Suecia en 1970, y de John Kenneth Galbraith, junto a quien integrara el equipo de asesores económicos del presidente John F. Kennedy.
Fue en los claustros de Harvard en 1937 cuando Tobin leyó la principal obra de John Maynard Keynes, "Teoría General del Empleo, el interés y el dinero", publicada por el economista británico un año antes, y que le sirviera de inspiración para su tesis de graduación, presentada en los meses previos a embarcarse como oficial de la marina norteamericana destinado al Mediterráneo a principios de la Segunda Guerra Mundial.
En una entrevista publicada por el semanario alemán Der Spiegel el 3 de septiembre de 2001 (apenas ocho días antes del 11M que cambiaría las regulaciones financieras mundiales), Tobin critica a los llamados movimientos antiglobalización que tuvieron amplio protagonismo durante la cumbre de la Organización Mundial del Comercio realizada en la ciudad de Seattle en 1999, y en el Foro Social Mundial de Porto Alegre de 2001. Los grupos radicalizados se mostraban a favor de la aplicación de la famosa "Tasa Tobin", que el propio ganador del Nobel definió así en esa entrevista:
"El impuesto sobre las transacciones de divisas estaba pensado para amortiguar las fluctuaciones de los tipos de cambio. La idea es muy simple: en cada cambio de una moneda a otra se impondría una pequeña tasa, digamos del 0,5% del volumen de la transacción. Así se disuade a los especuladores, porque muchos inversores invierten su dinero en divisas a muy corto plazo.
Si este dinero se retira de repente, los países tienen que elevar drásticamente los intereses para que la moneda siga siendo atractiva. Pero los intereses altos son a menudo desastrosos para la economía nacional, como han puesto de manifiesto las crisis de los años noventa de México, el Sudeste asiático y Rusia. Mi tasa devolvería un margen de maniobra a los bancos emisores de los países pequeños y opondría algo al dictado de los mercados financieros".
En estos días la "Tasa Tobin" es motivo de un profundo debate en la Unión Europea en general, y en España en particular. En el caso de Francia se empezó a aplicar en 2012 durante la gestión presidencial de François Hollande, aunque fue propuesta por su antecesor, Nicolas Sarkozy.
El gravamen, que ha recaudado unos 5.200 millones de euros desde hace un lustro, aplica un 0,3% a la compraventa de acciones de cotizadas, con capitalización superior a 1.000 millones (unas 150 empresas).
A su vez, Italia estableció su tasa en 2013 que aplica un 0,2% a las compraventas de cotizadas de más de 500 millones de capitalización (unas 100 empresas). De los 260 millones de euros que obtuvo el primer año, pasó a 431 millones en 2017, sumando 1.972 millones en cinco años.
Por su parte, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, acaba de enviar al Parlamento el Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Bajo el título de Nueva Fiscalidad - Ingresos para un Estado de Bienestar fuerte, el documento establece que "se creará un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solamente se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de Euros. No se gravará la compra de acciones de PYMES y empresas no cotizadas. Quedan fuera del ámbito del Impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados Es una medida que proponen e impulsan 10 países de la UE".
También se dispone la creación de un "Impuesto sobre determinados servicios digitales" (llamado "Tasa Google" o "Impuesto a la Envidia", como irónicamente lo denominan en Silicon Valley). El tributo tiene como fin gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea. "Únicamente tributarán las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. El Impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario".
La propuesta de Pedro Sánchez, quien además es el secretario general del PSOE, expresa que el volumen de gasto público español sobre el PIB también se encuentra por debajo de los países más avanzados de la Unión Europea. En concreto, en un 41% del PIB frente al 47,1% registrado en la Eurozona, el 56,5% de Francia o el 53,7% de Finlandia.
La iniciativa fiscal de Sánchez ya ha recibido varias críticas de sectores vinculados a la banca española, y en especial del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, quien solo estaría a favor de aplicar el impuesto sobre las transacciones financieras si se lo hiciera en forma coordinada con el resto de los países de la Unión Europea, y teniendo en cuenta el volumen de negocios que la plaza de Madrid podría captar como consecuencia del Brexit.
