La gravísima acusación de la Premier de Gran Bretaña, Theresa May, contra dos supuestos integrantes del Departamento Central de Inteligencia de Rusia (el temido GRU, por sus siglas en ruso) a quienes señaló como los autores del intento de homicidio por envenenamiento del ex espía soviético Serguei Skripal y de su hija Yulia ocurrido el pasado mes de marzo en la ciudad inglesa de Salisbury, puede desencadenar un conflicto de graves consecuencias diplomáticas, políticas y comerciales entre Inglaterra y la administración de Vladimir Putin, involucrando en el mismo a los gobiernos de Donald Trump y del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
Ocurre que el gigante petrolero ruso Rosneft, presidido por el ex canciller de AlemaniaGerhard Schröeder, tiene entre sus principales accionistas ni más ni menos que a laBritish Petroleum, cuyo chairman, Robert Dudley, integra el directorio del holdingenergético controlado en un 51% por el Estado ruso.
El pasado mes de julio el equipo del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la supuesta participación ilegal de Rusia en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016, acusó a 12 integrantes de la inteligencia militar rusa de haber sido los supuestos responsables del hackeo del equipo de campaña de la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.
A la increíble y novelesca trama que ha quedado expuesta tras la imputación del gobierno inglés contra el régimen de Vladimir Putin se le suma el rol que el ex agente del Servicio de Inteligencia Secreto británico (MI6) Christopher Steele habría tenido en la investigación que el fiscal Mueller lleva adelante desde hace varios meses.
Antes de las elecciones presidenciales que llevaron a los republicanos a la Casa Blanca en diciembre de 2016, la firma Fusion GPS fue contratada por personal de la campaña deHillary Clinton y del Comité Nacional Demócrata para investigar el pasado de Donald Trump.
La firma a su vez subcontrató a Christopher Steele para recopilar información de utilidad política para los demócratas, principalmente la referida a la búsqueda de algún vínculo entre funcionarios del Kremlin y el círculo de confianza del entonces candidato republicano. Con la información aportada por Steele la empresa elaboró el famoso dossierque supuestamente señalaba compromisos comerciales y políticos entre Trump y el presidente Putin.
Fusión GPS había sido fundada en 2009 por el ex periodista del Wall Street Journal, Glenn Simpson. En agosto de 2017 un comité del Senado entrevistó a Simpson durante diez horas con la intención de obtener datos sobre la empresa y la confección del dossier.
Steele creía haber descubierto un acuerdo entre Carter Page, un consultor cercano a Trump, quien se habría reunido con el CEO de Rosneft Igor Sechin, para llegar a un acuerdo financiero dirigido a negociar el levantamiento de las sanciones norteamericanas impuestas por el gobierno de Barack Obama contra el régimen de Putin por su intervención en Ucrania.
Los senadores le preguntaron a Simpson si Fusion GPS tomó medidas para "evaluar la credibilidad" de las fuentes utilizadas por Christopher Steele. "Sí, pero no voy a entrar en detalle sobre las fuentes" afirmó el ex periodista. Cuando se le preguntó por qué se negaba a responder, su abogado, Joshua Levy, dijo que Simpson "quiere tener mucho cuidado para proteger sus fuentes".
"Alguien ya fue asesinado como resultado de la publicación de este dossier, y no debería haber ningún daño a nadie relacionado con este honesto trabajo", respondió Levy.
Los asesores parlamentarios creyeron ver en esa declaración una referencia a Oleg Erovinkin, quien se especula que fue uno de los informantes de Steele, y fuera encontrado muerto en el asiento de atrás de su auto el 26 de diciembre de 2016 en Moscú. Erovinkin se desempeñaba como oficial de inteligencia de la KGB y de su sucesora, laFSB. También habría sido un colaborador informal de Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft y amigo personal de Vladimir Putin.
En junio de 2016 The Washington Post reportó que Steele redactó su primer memorandum en el que concluía que Rusia "ha estado cultivando, apoyando y ayudando a Trump durante al menos cinco años", y añadió que estas acciones fueron respaldadas por el presidente ruso Vladimir Putin para alentar divisiones en EEUU. El memo afirma que Trump y su círculo habrían aceptado "un flujo regular de información del Kremlin" y que Rusia tenía material comprometedor sobre Trump para chantajearlo.
Finalmente toda esta increíble saga podría influir también en el futuro político del régimen dictatorial de Venezuela ya que PDVSA está a punto de perder su subsidiaria norteamericana Citgo por un millonario reclamo de la minera canadiense Crystallex,expropiada hace diez años por el entonces presidente Hugo Chávez. Días atrás, el juez federal del estado de Delaware, Leonard Stark, otorgó una orden de confiscación aCrystallex International Corp en acciones de Citgo Holding.
La situación judicial y financiera de PDVSA y Citgo es muy delicada ya que el único pago que no está en incumplimiento es el del bono PDV 2020, para lo cual PDVSA prometió50.1% de Citgo como garantía. El otro 49.1% de Citgo está comprometido con Rosneftcomo garantía de un préstamo de USD 1.500 millones efectuado en 2016.
Por su parte Rosneft dijo a principios de agosto que PDVSA ha estado haciendo los pagos de sus préstamos a tiempo. Pero existen dudas significativas de que PDVSA pueda cumplir con el pago e intereses de USD 949 millones de su bono PDV 2020 que vence el 27 de octubre.
La fuerte jugada política de Theresa May tiene lugar al mismo tiempo que las fuerzas armadas de Rusia, en sintonía con el régimen de Irán, intentan dar la última estocada contra los grupos rebeldes que operan en Siria, con todas las consecuencias que estas operaciones militares pueden producir sobre la industria del petróleo y el comercio internacional.
*El autor es socio fundador de RHB Consultores
