En su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente Donald Trump resucitó la proclama de la doctrina Monroe: "América para los americanos". El mandatario republicano fue enfático en sostener que su gobierno rechazará "la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros asuntos. Estados Unidos recientemente fortaleció sus leyes para someter a un mejor escrutinio a las inversiones extranjeras por razones de defensa ante las amenazas de seguridad".
Las palabras de Trump apuntan al interés estratégico de China y Rusia sobre la región, en especial a partir de las grandes dificultades políticas, económicas y sociales que se viven actualmente en Venezuela y Nicaragua. El Gobierno estadounidense ya sancionó a casi setenta funcionarios venezolanos, además de haber restringido las inversiones y las transacciones financieras estadounidenses, aun las realizadas con la nueva moneda digital venezolana.
Por su parte, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, junto a su par republicano por Florida, Marco Rubio, están elaborando un plan de ayuda y nuevas sanciones financieras contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. En la opinión de varios académicos de Washington, esta iniciativa bipartidista tendría una fuerte influencia en la llamada ley Helms-Burton, sancionada en 1996 durante el gobierno de Bill Clinton.
En este sentido es bueno acudir a la historia para recordar cuál fue la génesis política que derivó en aquellas iniciativas ejecutivas y parlamentarias norteamericanas que tuvieron una amplia influencia, como así también fuertes rechazos, en el devenir político de los últimos doscientos años.
James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos, ejerció la primera magistratura durante dos mandatos entre los años 1817 y 1825. Cabe recordar que, en 1947, durante la administración de Harry Truman, se sancionó la enmienda XXII a la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1951, la que prohíbe a los presidentes norteamericanos ser reelegidos por más de dos mandatos.
Previamente, durante el mandato de James Madison (1809-1817), Monroe se había desempeñado como secretario de Estado en 1811, y luego como secretario de Guerra y Estado a partir de 1814.
Su gestión estuvo marcada por tres hitos importantes en el desarrollo territorial y las relaciones internacionales de los Estados Unidos: la adquisición de las Floridas a España (1819-1821), el reconocimiento de las nuevas repúblicas en América del Sur y Central (1822), y la enunciación de la llamada doctrina Monroe (1823).
Los conceptos básicos de tal proclama, contenida en el mensaje al Congreso del 2 de diciembre de 1823, corresponden a John Quincy Adams, por entonces secretario de Estado del gabinete de Monroe, y su futuro sucesor en la presidencia de la nación (su padre, John Adams, había gobernado el país entre 1797-1801).
En 1812 tras una disputada aprobación parlamentaria, el entonces presidente James Madison había lanzado sin éxito su ofensiva anexionista contra los territorios del Imperio británico en Canadá, con el objetivo de blindar su frontera norte. La derrota estadounidense en dicha contienda y los acontecimientos que se desarrollaban en esos momentos en Iberoamérica orientaron la política exterior norteamericana hacia la frontera sur.
Mientras tanto en Europa, la batalla de Waterloo ocurrida en junio de 1815 marcaba el final de las guerras napoleónicas en el Viejo Continente. En esa histórica contienda lucharon el ejército francés comandado por el emperador Napoleón Bonaparte frente a las tropas aliadas formadas por británicos, holandeses y alemanes, lideradas por el duque de Wellington, y el ejército prusiano dirigido por el mariscal Gebhard Leberecht von Blücher.
En 1815 las principales monarquías europeas (Gran Bretaña, Rusia, Austria, Prusia y Francia) conformaron la Santa Alianza con el objetivo de detener el desarrollo de las ideas del liberalismo político que alumbró con fuerza en la segunda mitad del siglo XVIII. Con el restablecimiento del rey Fernando VII en el trono de España en 1823, los norteamericanos se sintieron amenazados ante un posible y renovado interés de la península ibérica sobre sus ex dominios en el Nuevo Continente.
Fue en medio de estos sucesos históricos cuando tuvo lugar el discurso que James Monroe pronunció ante el Congreso del Estado de la Unión en diciembre de 1823. Por esos días, el propio Monroe escribió en su diario personal: "La posición que deseo tomar es la de ferviente protesta contra la interferencia por la fuerza de las potencias europeas en América del Sur, pero renunciar a toda interferencia de nuestra parte con Europa; para hacer una causa americana y adherirnos inflexibles a ella".
Un mes antes de su discurso ante el Parlamento, Madison le había solicitado su visión a Thomas Jefferson, quien por carta le expresó: "Nuestra primera y fundamental máxima debe ser nunca enredarnos en las disensiones de Europa. Nuestra segunda, nunca permitir que Europa se entrometa en asuntos de este lado del Atlántico".
Ley Helms-Burton
En marzo de 1996, durante el primer mandato presidencial de Bill Clinton, y tras el abrumador triunfo del Partido Republicano en las elecciones parlamentarias de 1994, fue aprobada la llamada "Ley de la Libertad y la Solidaridad con Cuba", más conocida como Helms-Burton, legisladores que la inspiraron.
La norma surgió como consecuencia del derribo, en la tarde del 24 de febrero de 1996, de dos avionetas Cessna pertenecientes a la organización "Hermanos al Rescate" por parte de dos aviones MIG-23 de fabricación rusa, operados por la Fuerza Aérea cubana. Funcionarios del Pentágono, que había ordenado el despliegue preventivo de varios aviones de guerra, informaron que un tercer avión Cessna pudo escapar sin consecuencias del bombardeo de las aeronaves cubanas.
El senador Jesse Helms (R-Carolina del Norte), que estaba al frente la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, junto al representante Dan Burton (R-Indiana), fueron los inspiradores de la norma que tenía como objetivo central desalentar con la imposición de fuertes sanciones judiciales a las empresas extranjeras que invirtieran en el régimen dictatorial de Fidel Castro.
Ya en 1960, un año antes de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el entonces presidente Dwight Eisenhower había ordenado anular la importación de azúcar desde Cuba en represalia a los acuerdos petroleros que habían sellado los gobiernos de Castro y Krushev.
A tres meses de finalizar su mandato, en octubre de 1992, el ex presidente republicano George H. Bush sancionó la llamada Cuban Democracy Act, presentada por el legislador de New Jersey, Robert Torricelli. La norma fue firmemente apoyada por Bill Clinton, en esos días, candidato presidencial por el Partido Demócrata. La legislación amenazaba con sanciones a las compañías norteamericanas que mantuvieran tratos con Cuba a través de subsidiarias, y también prohibía que los buques que hubieran recalado en Cuba atracaran luego en puertos de los Estados Unidos.
Una de las particularidades de la ley Helms-Burton estaba dada en la sección 104, que obliga al gobierno de los Estados Unidos a votar contra la admisión de Cuba en el FMI y el Banco Mundial, entre otras instituciones financieras, hasta que no se implementara el sistema democrático en la isla.
Desde finales del mandato de Clinton, en 1999, la Unión Europea reclamó el mantenimiento de los términos del entendimiento alcanzado en abril de 1997, por el que Estados Unidos se comprometió a suspender la aplicación de la ley a cambio de que la Unión Europea frenara las gestiones iniciadas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) con el fin de denunciar a Washington por considerar que se extralimitaba en sus derechos con dicha legislación extraterritorial.
Clinton había suspendido cada seis meses la aplicación del título III de la ley, que prevé la posibilidad de denunciar ante tribunales estadounidenses a las empresas que inviertan en Cuba en terrenos o inmuebles que se consideren expropiaciones a ciudadanos estadounidenses en 1959 tras la llegada de Fidel Castro al poder.
El presidente Barack Obama había decidido flexibilizar el comercio con Cuba a partir de diciembre de 2014, firmando más de veinte convenios con el gobierno de Raúl Castro.
Pero desde la llegada de Trump al poder los vientos de la apertura se detuvieron a tal punto que, a principios de septiembre de este año, el mandatario republicano prorrogó por un año el embargo a Cuba "bajo la ley de comercio con el enemigo",según un memorando de la Casa Blanca dirigido a los secretarios del Departamento de Estado y del Tesoro.
La historia y la coyuntura tal vez estén por encontrar su síntesis en la tragedia humanitaria que se vive actualmente en Venezuela, país que cuenta con una de las mayores reservas petrolíferas del mundo.
El autor es socio fundador de RHB Consultores.
